Por Antonia Garcés, directora Región Metropolitana Fundación Superación de la Pobreza
Hace unas semanas atrás el gobierno presentó, finalmente, el proyecto de nueva ley de migraciones en el Palacio de la Moneda. La noticia ha sido esperada por mucho tiempo desde diversas organizaciones de migrantes y pro-migrantes. Sin embargo, el proyecto fue construido sin ellos.
Y es que el proyecto, sin ser una experta en Derecho, es reflejo de la lógica del enfoque securitario. Es decir, se enfatiza en asegurar una migración “segura, ordenada y regular”. En la exposición de motivos del Mensaje del proyecto, las expresiones: regulación, medidas de control y salida se repiten y dan cuenta de un énfasis que no compartimos.
A partir de los compromisos internacionales de Chile y atendiendo el discurso de las actuales autoridades, el proyecto de ley de migraciones debió ser construido desde el enfoque de Derechos Humanos y no desde la lógica del orden y del “valor de la migración para el Estado”, pues desde ahí nos alejamos de la idea central que debiese primar y es que todo ser humano tiene derecho a migrar.
El proyecto, al que la semana pasada fue quitada la suma urgencia, contempla la creación de un Comité de Política Migratoria, que estaría integrado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Justicia, el que será presidido por el titular de Interior. La composición de este Comité y la ausencia evidente del Ministerio de Desarrollo Social y otros ministerios sectoriales, permite afirmar que se mantiene la lógica securitaria que tiene el Decreto Ley 1.074 promulgado en dictadura. La migración no puede ser contemplada solo desde Interior, desde la seguridad pública, pues posibilita, nuevamente, que las comunidades migrantes sean asociadas a problemas como la delincuencia, el narcotráfico y la prostitución. La migración es un fenómeno que debe ser abordado desde lo social, desde el fomento y protección de los Derechos Humanos. De lo que se trata, no es más ni menos, que de cumplir con los estándares que este enfoque posee.
Nos preocupa, por otra parte, la ausencia de un Servicio Nacional de Migraciones. Es urgente que exista una institucionalidad propicia para hacer frente al fenómeno migratorio de manera integral. Los argumentos que han ido en contra de ello se fundan en la pregunta por el financiamiento. Sin embargo, distintos expertos, entre ellos Rodrigo Sandoval, ex Director del Departamento de Extranjería y Luis Eduardo Thayer, presidente del Consejo Consultivo de Migraciones, han argumentado fundadamente, que con los ingresos producto de las visas que pagan los propios migrantes, es posible financiar un Servicio Nacional que se haga cargo desde las distintas aristas que tiene el fenómeno.
El proyecto contempla también la creación de un Registro Nacional de Extranjeros. Esta propuesta no asume la debilidad del sistema migratorio chileno. La razón de que muchas personas no hayan podido regularizar su situación migratoria en Chile se debe, entre otras, a trabas burocráticas que el sistema tal cual está funcionando, no puede resolver. En este sentido, conceptos como el de “pre-migración segura”, hacen pensar que primarán prácticas tales como las visas consulares, que condicionan gravosa y discriminatoriamente el derecho a migrar.
Hoy existen en nuestro país diversas experiencias y esfuerzos de migrantes y nacionales trabajando en terreno por asegurar los derechos de todos quienes ven en Chile su segunda tierra. Por ello, en medio de la discusión legislativa en torno al proyecto, es necesario que la sociedad civil se haga escuchar. Esperamos que aquello sí ocurra en el Congreso Nacional.